Este
artículo es un extracto de un trabajo investigativo que se está realizando en
el Sígsig desde la época colonial hasta nuestro tiempos; por tanto en esta
sección se sintetiza de manera breve el proceso sufrido de los indígenas tras
la llegada de los conquistadores españoles y el posterior proceso de
colonización, pues los efectos económicos, sociales, políticos y culturales que
se generaron fueron extraordinariamente complejos.
En las
distintas fuentes documentales existen ejemplos de represión violenta y una
serie de irregularidades que se cometieron por parte de los “blancos” curas y
caciques, en contra de los indígenas al tratar de hurtarles las tierras y sobre
todo en la explotación del trabajo específicamente en la mita minera. Por
ejemplo a inicios de la colonia la zona de Santa Bárbara (lo que hoy es Sígsig)
formó parte del territorio de la encomienda de Tomebamba de don Diego Sandoval
quien había venido con Alvarado (1538-1540). Posteriormente estos territorios
pasaron a ser parte de la encomienda de Rodrigo Núñez de Bonilla (1540-1570).
Para esta época por medio de la mita minera se extrajo una gran cantidad de oro
pese a todas las dificultades implícitas. Pedro de Valverde y Juan Rodríguez,
oficiales de Real Hacienda de Quito, aseguraron, el 30 de diciembre de 1576,
que en estos lavaderos trabajaron antes de que se fundara la ciudad de Cuenca,
de dieciocho a veinte cuadrillas, cada una de las cuales tenia de cincuenta a
ochenta indios que llevaban su comida, desde su propio pueblo, situado a
treinta, cuarenta y más leguas.
“…la
comida entraba cargada por indios e indias y eran cargas pesadísimas de maíz.
Se las llevan 30 y 50 leguas a cuestas. Esto ha causado la muerte de muchos
indios. La dificultad de meter la comida hacía que esta fuera escasa y se les
deba de comer poco o nada a los indios. Siendo la tierra enferma, el trabajo
diurno y nocturno y la mala comida, las cosas mal hechas e estrechas, el poco
dormir en el suelo, causó grandes muertes en el río de Santa Bárbara.” (Archivo General de Indias, (A.G.I) Sección
5ª Francisco de Aucinbay, 1587).
El trabajo desempeñado en el río Santa Bárbara
para la extracción de oro fue arduo, se anota que para 1548, cada cuadrilla
sacaba de 2000 a 3000 pesos diarios. Tanta fue la cantidad de indígenas que
laboraba en el asiento minero de Santa Bárbara que le ameritó, el Obispo de
Quito, al clérigo que atendía en la iglesia Mayor de Cuenca, para que fuera a
decir misa a los mineros que trabajaban allí” (Chacón, 2001).
Los lavaderos de oro de Santa Bárbara por su
cruel situación se convirtieron en una súplica para los indígenas mineros,
obligándoles a permanecer en el agua, durante meses enteros, malamente
retribuidos y peor alimentados. A raíz de esta situación en 1552 el Virrey Don
Antonio de Mendoza mandó despoblar estas minas, orden que tal vez por su
temprana muerte aquel mismo año, no se cumplió, o no se aplicó y se mantuvo con
rigor; pues el sucesor Don Andrés Hurtado de Mendoza en el primer año de su
virreinato y antes de que Gil Ramírez Dávalos funde (1557) en aquella misma
región la ciudad de Cuenca, hizo abandonar una vez más las minas de Santa
Bárbara.
A parte
de esta inhumana actitud los curas y caciques –kurakas– se convirtieron en
cómplices de los abusos de autoridades. Se sabe que los caciques fueron
personajes importantes, en torno al cual se mantenía la organización indígena;
es así que cumplían la función de intermediarios entre el estado colonial
español y sus respectivas comunidades, razón por la cual estuvieron exentos de
pago de tributos y de ser asignados a los trabajos de mita, por ejemplo los caciques
que ganaban una remuneración anual de unos 400 pesos, no pagaban tributos ni
estaban entre los elegibles para ser mitayos. De allí, que desde temprano, los
caciques fueron aliados indiscutibles del poder peninsular -muchas veces- en
contra de los propios intereses de su comunidad. Estudios especializados sobre
los caciques –kurakas–, los describen como personajes temidos, respetados y con
doble autoridad política y religiosa y cuya legitimidad se basaba en el linaje
de sangre del fundador de la comunidad.
En
consecuencia, la posesión de dichos privilegios sobrellevó a una clara
inclinación por mantener su poder y control para obtener los beneficios que le
correspondía. Los Caciques en consecuencia del constante descenso de la mano de
obra, así como el incremento o de la falta de revisiones anuales de las tasaciones
de las encomiendas, se vieron obligados a demandar tributos y otros servicios.
En un documentos se menciona que: “…Don Lorenzo Nugra cacique cobrador
de los indios de Sigse de la parcialidad de Burin: pide que se obligue a Don
Esteban Puglla a trabajar por 6 meses de oiarico, por no haber, y se niega (por
que dice) que ha sido alcalde de esta ciudad y debe descansar…” (ANH/C 116-559). En otro
manuscrito se comisiona a Gabriel Salinas residente
en el Sígsig, para que basado de la facultad que se le confiere haga que los
Caciques, Gobernadores y Alcaldes Maiores del Pueblo de Sígsig, puntualice los
servicios de Indios Viaricos, e semaneros, para que presisa y puntualmente
concurran a esta Ciudad, para que se actúen las obras… Se les da esta Comisión
con autoridad del señor Teniente General, quien a los españoles les pone pena
de cinquenta pesos y a los indios cincuenta azotes y pelo fuera…” (En Segarra, 2003:232).
De este
modo, se generó un cierto malestar frente a esta figura que se erigía como
nuevo opresor, es así que no todos los indígenas aceptaron la nueva soberanía
hispana sustitutiva de la incaica, razón por la cual a muchos de los indígenas
se les acusaba frecuentemente de ser ociosos e inconstantes y pronto también de
consumir alcohol en exceso y de ser ladrones. De algunos mitayos de servicio se
decía que trabajaban mal y poco y hasta se pidió que se les rebaje sus
remuneraciones.
El siglo
XVII fue testigo de numerosas quejas propiciadas por los indígenas, en las que se
reclamaba a las autoridades españolas, el cumplimiento efectivo de las
preeminencias que por su status les correspondían, frente a eventuales
atropellos que sufrían por parte de los caciques. En un documento de 1680, se
lee que los indios Francisco, Francisca y Juan Duta sostuvieron pleito contra
Sebastián Nugra, todos de la parcialidad de Burin, encomienda del Capitán
Antonio de Lugones y Mercado, y sujetos al cacique de Sígsig D. Joseph Puglla,
sobre la posesión de los sitios de Sumbray y Sabalul. El capitán D. Juan Blanco
de Alvarado, Alcalde ordinario de Cuenca y Juez comisionado por el General
Miguel de Noroña, Corregidor y Justicia Mayor de dicha ciudad, dictó la
siguiente sentencia:
“Fallo que los dhos. Francisco duta, Francisca duta, Joan duta y demás
sus hermanos, y en nombre de los suso dichos duta y demás sus hermanos en la
posesión que tienen de las dichas tierras o sitios de Sumbray y Sabalul, desde
el camino que va para el pueblo de gualaseo para la parte de auajo hasta el río
de Santa Baruara, reservando las tierras que pertenecen a Luis Saquinaula…
quedando como quedan todas las demás tierras que caen desde dicho camino que va
para el dicho pueblo de Gualaseo para arriba para el dho. Sebastián Nugra y
demás indios caciques de la dha. Parcialidad de Burin” (En: Segarra, 2005: 25-26).
Siete
años después el mismo cacique de Sígsig D. Joseph Puglla en agosto de 1687 puso
en venta un solar con una casa que la Comunidad de Indios tenía en la plazoleta
de Usno, junto a Pumapungo que servía de albergue para los Indios de Sígsig que
iban a prestar el servicio de uyaricos. Sin embargo a pesar de todos los
reclamos el expresado cacique se convirtió en heredero y dueño del solar. El
abuso cometido provocó las reclamaciones pertinentes por parte de Da. Francisca
Yubra el 11 de octubre de 1692, india del Pueblo de Sígsig:
“…en dicho mi pueblo viven y asisten cuatro indios nombrados D. Joseph
Puglla, Lorenzo Nugra, D. Diego Sánchez, caciques nombrados a falta de
propietarios, y Bartolomé Nugra, indio del quinto, los quales de absoluto poder
y de sus authoridades vendieron doce quadras de terreno tocantes y
pertenecientes a la comunidad…a Esteban Brito mestizo, sólo para aplaudir a
Manuel de Ortega, Escribano del Cabildo de la ciudad de Cuenca, que es quien
acaudilla al dicho Esteban Brito…para celebrar la escriptura hicieron un
convite de brindis y embriagados otorgaron dicha escritura…los dichos caciques
nombrados hacen lo que quieren como absolutos dueños, pues aun dentro del
Pueblo han vendido muchas tierras constituyéndose dueños, y los indios a
quienes tocan y pertenecen si quieren hacer su casa, se les demuele el dicho D.
Joseph Puglla y adjudica las tierras a mestizos que asisten en dicho Pueblo…” (En: Segarra, 2005: 25-26).
En 1705,
las epidemias y el hambre azotaron a los pueblos de la comarca azuaya, lo cual
impelió a los indígenas a huir, de suerte que los pueblos sufrieron
disminuciones y decadencias. Con tal motivo, en todo el virreinato se practicó
una retasa, menos en Cuenca, donde al contrario, se recargó a los
sobrevivientes de trabajos y tributos, según la reclamación que realiza el
cacique del Sígsig D. Diego Sánchez Fuera, quien expone el hostigamiento que
reciben sus indios por parte del Corregidor, del Fiel Ejecutor, del Cabildo y
su procurador. Al traslado de esta queja, en nombre del Procurador del Cabildo
de Cuenca contesta D. Antonio Tafur de Valenzuela y Córdova, manifestando que
el cacique quejoso tiene empeñado un indio en cien pesos, y al argumento de que
en el Sígsig no había indio que atendiera las mitas por haberse ausentado,
replica:
“…la causa de ausentarse los dichos indios es por las continuas
molestias y vejaciones que le hacen los mismos caciques y gobernadores
pidiéndoles continuos camaricos, pongos, haziéndolos trabajar sin paga en sus
chácaras y sementeras, obligándoles a que les lleuen leña, paja, aues y no lo
haciendo castigándoles con rigor, amenazándolos con la Doctrina, con la Mitta y
otras opresiones…” (En Segarra, 2005:28)
A más de las quejas
formuladas hacía de los kurakas, los indígenas expusieron graves denuncias contra
las diversas autoridades religiosas. En efecto, en un documentos de
1772, se lee que el protector de naturales del común de indígenas de San
Bartolomé denuncia al cura Vicente Ramírez por los excesos cometidos:
“…que traen graves inconvenientes a los indios por su
miseria y por que se encuentran gravemente tiranizados estos miserables indios…
Los obliga a trabajar en sus tierras y en la de sus parientes sin permitirle
trabajar sus propias tierras, para cobrarle el tributo a los que no tienen, les
quitan sus capisayos y mantas, lligllas y paños, en la iglesia, a las indias
solteras y casadas durante la semana les obliga a hilar algodón y hacer chicha
para luego venderla: al igual que la limpieza de su vivienda y la iglesia,
además de otras actividades para las cuales les retiene el domingo, sin pagar
los salarios que ofrece, por cuenta del medio real de cera de monumento” (ACA/C 552).
Para
1790, los alcaldes de Sígsig, pedían al Gobernador de Cuenca la confirmación de
sus privilegios, pues se hallaban bajo la amenaza del cura que los quería utilizar
en actividades mecánicas.
Son
innumerables los escritos en donde se denuncia la explotación del indígena en
varios tipos de trabajo como el artesanal, agrícola, ganadero, servidumbre
familiar y el minero, que sin ser mano de obra especializada fueron convertidos
en mitayos, sin respetar la edad y el sexo; todo valía para la extracción del
oro o de la riqueza para otros.
El
tiempo, el lugar y las condiciones de trabajo fueron impuestos y en muchas de
las ocasiones no se les pagaba, por eso no es exagerado decir, que algunos
muros de los templos de España, el sostenimiento de sus guerras, el desarrollo
de su economía y el fervor católico, se financiaron gracias al sudor y a la
sangre de los indígenas.
