LOS INDIGENAS Y LOS ABUSOS COMETIDOS EN LA COLONIA

Este artículo es un extracto de un trabajo investigativo que se está realizando en el Sígsig desde la época colonial hasta nuestro tiempos; por tanto en esta sección se sintetiza de manera breve el proceso sufrido de los indígenas tras la llegada de los conquistadores españoles y el posterior proceso de colonización, pues los efectos económicos, sociales, políticos y culturales que se generaron fueron extraordinariamente complejos.

En las distintas fuentes documentales existen ejemplos de represión violenta y una serie de irregularidades que se cometieron por parte de los “blancos” curas y caciques, en contra de los indígenas al tratar de hurtarles las tierras y sobre todo en la explotación del trabajo específicamente en la mita minera. Por ejemplo a inicios de la colonia la zona de Santa Bárbara (lo que hoy es Sígsig) formó parte del territorio de la encomienda de Tomebamba de don Diego Sandoval quien había venido con Alvarado (1538-1540). Posteriormente estos territorios pasaron a ser parte de la encomienda de Rodrigo Núñez de Bonilla (1540-1570). Para esta época por medio de la mita minera se extrajo una gran cantidad de oro pese a todas las dificultades implícitas. Pedro de Valverde y Juan Rodríguez, oficiales de Real Hacienda de Quito, aseguraron, el 30 de diciembre de 1576, que en estos lavaderos trabajaron antes de que se fundara la ciudad de Cuenca, de dieciocho a veinte cuadrillas, cada una de las cuales tenia de cincuenta a ochenta indios que llevaban su comida, desde su propio pueblo, situado a treinta, cuarenta y más leguas.  

 

“…la comida entraba cargada por indios e indias y eran cargas pesadísimas de maíz. Se las llevan 30 y 50 leguas a cuestas. Esto ha causado la muerte de muchos indios. La dificultad de meter la comida hacía que esta fuera escasa y se les deba de comer poco o nada a los indios. Siendo la tierra enferma, el trabajo diurno y nocturno y la mala comida, las cosas mal hechas e estrechas, el poco dormir en el suelo, causó grandes muertes en el río de Santa Bárbara.” (Archivo General de Indias, (A.G.I) Sección 5ª Francisco de Aucinbay, 1587).

 

El trabajo desempeñado en el río Santa Bárbara para la extracción de oro fue arduo, se anota que para 1548, cada cuadrilla sacaba de 2000 a 3000 pesos diarios. Tanta fue la cantidad de indígenas que laboraba en el asiento minero de Santa Bárbara que le ameritó, el Obispo de Quito, al clérigo que atendía en la iglesia Mayor de Cuenca, para que fuera a decir misa a los mineros que trabajaban allí” (Chacón, 2001).

Los lavaderos de oro de Santa Bárbara por su cruel situación se convirtieron en una súplica para los indígenas mineros, obligándoles a permanecer en el agua, durante meses enteros, malamente retribuidos y peor alimentados. A raíz de esta situación en 1552 el Virrey Don Antonio de Mendoza mandó despoblar estas minas, orden que tal vez por su temprana muerte aquel mismo año, no se cumplió, o no se aplicó y se mantuvo con rigor; pues el sucesor Don Andrés Hurtado de Mendoza en el primer año de su virreinato y antes de que Gil Ramírez Dávalos funde (1557) en aquella misma región la ciudad de Cuenca, hizo abandonar una vez más las minas de Santa Bárbara.

A parte de esta inhumana actitud los curas y caciques –kurakas– se convirtieron en cómplices de los abusos de autoridades. Se sabe que los caciques fueron personajes importantes, en torno al cual se mantenía la organización indígena; es así que cumplían la función de intermediarios entre el estado colonial español y sus respectivas comunidades, razón por la cual estuvieron exentos de pago de tributos y de ser asignados a los trabajos de mita, por ejemplo los caciques que ganaban una remuneración anual de unos 400 pesos, no pagaban tributos ni estaban entre los elegibles para ser mitayos. De allí, que desde temprano, los caciques fueron aliados indiscutibles del poder peninsular -muchas veces- en contra de los propios intereses de su comunidad. Estudios especializados sobre los caciques –kurakas–, los describen como personajes temidos, respetados y con doble autoridad política y religiosa y cuya legitimidad se basaba en el linaje de sangre del fundador de la comunidad.

En consecuencia, la posesión de dichos privilegios sobrellevó a una clara inclinación por mantener su poder y control para obtener los beneficios que le correspondía. Los Caciques en consecuencia del constante descenso de la mano de obra, así como el incremento o de la falta de revisiones anuales de las tasaciones de las encomiendas, se vieron obligados a demandar tributos y otros servicios.

En un documentos se menciona que: “…Don Lorenzo Nugra cacique cobrador de los indios de Sigse de la parcialidad de Burin: pide que se obligue a Don Esteban Puglla a trabajar por 6 meses de oiarico, por no haber, y se niega (por que dice) que ha sido alcalde de esta ciudad y debe descansar…” (ANH/C 116-559). En otro manuscrito se comisiona a Gabriel Salinas residente en el Sígsig, para que basado de la facultad que se le confiere haga que los Caciques, Gobernadores y Alcaldes Maiores del Pueblo de Sígsig, puntualice los servicios de Indios Viaricos, e semaneros, para que presisa y puntualmente concurran a esta Ciudad, para que se actúen las obras… Se les da esta Comisión con autoridad del señor Teniente General, quien a los españoles les pone pena de cinquenta pesos y a los indios cincuenta azotes y pelo fuera…” (En Segarra, 2003:232).

De este modo, se generó un cierto malestar frente a esta figura que se erigía como nuevo opresor, es así que no todos los indígenas aceptaron la nueva soberanía hispana sustitutiva de la incaica, razón por la cual a muchos de los indígenas se les acusaba frecuentemente de ser ociosos e inconstantes y pronto también de consumir alcohol en exceso y de ser ladrones. De algunos mitayos de servicio se decía que trabajaban mal y poco y hasta se pidió que se les rebaje sus remuneraciones.

El siglo XVII fue testigo de numerosas quejas propiciadas por los indígenas, en las que se reclamaba a las autoridades españolas, el cumplimiento efectivo de las preeminencias que por su status les correspondían, frente a eventuales atropellos que sufrían por parte de los caciques. En un documento de 1680, se lee que los indios Francisco, Francisca y Juan Duta sostuvieron pleito contra Sebastián Nugra, todos de la parcialidad de Burin, encomienda del Capitán Antonio de Lugones y Mercado, y sujetos al cacique de Sígsig D. Joseph Puglla, sobre la posesión de los sitios de Sumbray y Sabalul. El capitán D. Juan Blanco de Alvarado, Alcalde ordinario de Cuenca y Juez comisionado por el General Miguel de Noroña, Corregidor y Justicia Mayor de dicha ciudad, dictó la siguiente sentencia:

“Fallo que los dhos. Francisco duta, Francisca duta, Joan duta y demás sus hermanos, y en nombre de los suso dichos duta y demás sus hermanos en la posesión que tienen de las dichas tierras o sitios de Sumbray y Sabalul, desde el camino que va para el pueblo de gualaseo para la parte de auajo hasta el río de Santa Baruara, reservando las tierras que pertenecen a Luis Saquinaula… quedando como quedan todas las demás tierras que caen desde dicho camino que va para el dicho pueblo de Gualaseo para arriba para el dho. Sebastián Nugra y demás indios caciques de la dha. Parcialidad de Burin” (En: Segarra, 2005: 25-26).

Siete años después el mismo cacique de Sígsig D. Joseph Puglla en agosto de 1687 puso en venta un solar con una casa que la Comunidad de Indios tenía en la plazoleta de Usno, junto a Pumapungo que servía de albergue para los Indios de Sígsig que iban a prestar el servicio de uyaricos. Sin embargo a pesar de todos los reclamos el expresado cacique se convirtió en heredero y dueño del solar. El abuso cometido provocó las reclamaciones pertinentes por parte de Da. Francisca Yubra el 11 de octubre de 1692, india del Pueblo de Sígsig:

“…en dicho mi pueblo viven y asisten cuatro indios nombrados D. Joseph Puglla, Lorenzo Nugra, D. Diego Sánchez, caciques nombrados a falta de propietarios, y Bartolomé Nugra, indio del quinto, los quales de absoluto poder y de sus authoridades vendieron doce quadras de terreno tocantes y pertenecientes a la comunidad…a Esteban Brito mestizo, sólo para aplaudir a Manuel de Ortega, Escribano del Cabildo de la ciudad de Cuenca, que es quien acaudilla al dicho Esteban Brito…para celebrar la escriptura hicieron un convite de brindis y embriagados otorgaron dicha escritura…los dichos caciques nombrados hacen lo que quieren como absolutos dueños, pues aun dentro del Pueblo han vendido muchas tierras constituyéndose dueños, y los indios a quienes tocan y pertenecen si quieren hacer su casa, se les demuele el dicho D. Joseph Puglla y adjudica las tierras a mestizos que asisten en dicho Pueblo…” (En: Segarra, 2005: 25-26).

En 1705, las epidemias y el hambre azotaron a los pueblos de la comarca azuaya, lo cual impelió a los indígenas a huir, de suerte que los pueblos sufrieron disminuciones y decadencias. Con tal motivo, en todo el virreinato se practicó una retasa, menos en Cuenca, donde al contrario, se recargó a los sobrevivientes de trabajos y tributos, según la reclamación que realiza el cacique del Sígsig D. Diego Sánchez Fuera, quien expone el hostigamiento que reciben sus indios por parte del Corregidor, del Fiel Ejecutor, del Cabildo y su procurador. Al traslado de esta queja, en nombre del Procurador del Cabildo de Cuenca contesta D. Antonio Tafur de Valenzuela y Córdova, manifestando que el cacique quejoso tiene empeñado un indio en cien pesos, y al argumento de que en el Sígsig no había indio que atendiera las mitas por haberse ausentado, replica:

“…la causa de ausentarse los dichos indios es por las continuas molestias y vejaciones que le hacen los mismos caciques y gobernadores pidiéndoles continuos camaricos, pongos, haziéndolos trabajar sin paga en sus chácaras y sementeras, obligándoles a que les lleuen leña, paja, aues y no lo haciendo castigándoles con rigor, amenazándolos con la Doctrina, con la Mitta y otras opresiones…” (En Segarra, 2005:28)

A más de las quejas formuladas hacía de los kurakas, los indígenas expusieron graves denuncias contra las diversas autoridades religiosas. En efecto, en un documentos de 1772, se lee que el protector de naturales del común de indígenas de San Bartolomé denuncia al cura Vicente Ramírez por los excesos cometidos: 

“…que traen graves inconvenientes a los indios por su miseria y por que se encuentran gravemente tiranizados estos miserables indios… Los obliga a trabajar en sus tierras y en la de sus parientes sin permitirle trabajar sus propias tierras, para cobrarle el tributo a los que no tienen, les quitan sus capisayos y mantas, lligllas y paños, en la iglesia, a las indias solteras y casadas durante la semana les obliga a hilar algodón y hacer chicha para luego venderla: al igual que la limpieza de su vivienda y la iglesia, además de otras actividades para las cuales les retiene el domingo, sin pagar los salarios que ofrece, por cuenta del medio real de cera de monumento” (ACA/C 552).  

Para 1790, los alcaldes de Sígsig, pedían al Gobernador de Cuenca la confirmación de sus privilegios, pues se hallaban bajo la amenaza del cura que los quería utilizar en actividades mecánicas.

Son innumerables los escritos en donde se denuncia la explotación del indígena en varios tipos de trabajo como el artesanal, agrícola, ganadero, servidumbre familiar y el minero, que sin ser mano de obra especializada fueron convertidos en mitayos, sin respetar la edad y el sexo; todo valía para la extracción del oro o de la riqueza para otros.

El tiempo, el lugar y las condiciones de trabajo fueron impuestos y en muchas de las ocasiones no se les pagaba, por eso no es exagerado decir, que algunos muros de los templos de España, el sostenimiento de sus guerras, el desarrollo de su economía y el fervor católico, se financiaron gracias al sudor y a la sangre de los indígenas.